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UN DEBATE QUE APARECE Y VUELVE A LA PALESTRA

EL DEBATE SOBRE LA IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES DE EDAD

Cada vez que un chico menor de edad aparece involucrado en un delito grave, vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal”. Políticos oficialistas, opositores, periodistas, opinadores profesionales, en fin, todos, reclaman cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas. Unos piden represión explícita a los gritos. Otros son más sutiles, y mechan en su discurso palabras como reinserción, resocialización, garantías y derechos.

Una observación: ¿Alguna vez oyó a Casal, Garré, Scioli, Macri, Randazzo, Alak, Carrió, Duhalde, Cristina, o cualquier otro pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardia cárceles o militares?. ¿O para los crímenes (incluyendo “justes de cuentas” internos de la burocracia sindical, o de los empresarios?

Volviendo al tema de los menores, una de las primeras voces fue la del conocido fiscal de La Plata, Marcelo Romero, el mismo que hace unos años mandó filmar cortes de ruta y manifestaciones para tener un “archivo” de potenciales imputados: “En la Argentina, ser menor de 16 años es tener licencia para matar”. Lo siguieron el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, que dijo que hay un “vacío legal” en el tema, y defendió las posiciones de su jefe, el gobernador Scioli; Mauricio Macri y Francisco de Narváez, sin olvidarnos de Eduardo Duhalde, quien calificó de “imbéciles” a quienes “creen que el orden es de derecha”.

Desde el kirchnerismo, el ministro de Justicia Julio Alak, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la propia presidenta se sumaron con un matiz más presentable, apoyando el régimen penal de menores aprobado en 2009 por el senado. La misma línea siguieron el radical Sanz, el “socialista” Binner y Elisa Carrió, con el argumento de que ser juzgado como adulto da a los pibes el derecho a defenderse...

Ese proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil, combinación de otros tres, del peronismo kirchnerista, el peronismo no kirchnerista y la UCR-Acuerdo Cívico y Social, bien al estilo progre, declama con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invoca a cada paso la constitución y pactos internacionales. Así, empaqueta con un velo “políticamente correcto” la sujeción de pibes de 14 años a un régimen penal similar al de los adultos, que ni siquiera excluye el arbitrario procedimiento sumarísimo de la “flagrancia”.

Parte del discurso para la tribuna se nota cuando dice que ningún proceso podrá durar más de un año desde su inicio hasta la sentencia (4 meses en caso de flagrancia), términos que cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con condenas express, usando mecanismos como los juicios abreviados, en los que toda la actividad del defensor oficial se reduce a la extorsión (“firma el abreviado, pibe, te conviene”). Esas formas “alternativas” de terminar el proceso, aplicadas a la realidad material de los chicos que son judicializados en nuestro país, los más pobres y vulnerables, son formidables herramientas de disciplinamiento social.

Lo que no se dice, es que, con las actuales leyes vigentes, ningún pibe, culpable o inocente, es impune. Si tiene más de 16 años, va a juicio como cualquiera, sólo que lo juzga un tribunal que tiene un cartelito en la puerta que dice “Menores”, y, en lugar de ir a una cárcel, va a un instituto, como el Rocca, el San Martín o el Belgrano, donde el mismo cartelito es la única diferencia.

Y si tiene 14 o 15 años, la cosa es todavía peor. Es cierto que no se lo juzga, porque es “inimputable” por su edad. Pero se lo interna en algún instituto, o, si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna “comunidad terapéutica” de donde va a salir alguna vez, mucho más adicto de lo que entró, pero, además, abusado, violado, embrutecido y listo para que lo fusile el primer policía con el que se cruce en el barrio. O no va a salir nunca, como los centenares de pibes que mueren por año en alguno de esos lugares “de protección”.

De eso se trata todo este “debate” sobre la imputabilidad penal de los menores de edad. De cómo exterminarlos en mayor número, al menor costo posible. Y que los que queden vivos, sirvan de clientes para las porquerías que trafica la burguesía, y de mano de obra esclava para su policía. Y que aprendan que si se rebelan, si dicen “no”, les puede pasar como a Luciano Arruga hace exactamente dos años.

Para que nunca, nunca, tengan la libertad de decidir que no quieren seguir viviendo de esa manera, ni, mucho menos, la conciencia para intentar cambiarlo.