Por Elena Luz
González Bazán especial para Villa Crespo Digital
21 de octubre
del 2011
La empresa NOSTARCO
que comercializa la marca de camperas LACAR quebró, así
lo determinó el 4 de octubre pasado, el juez en lo Comercial,
Federico Gerri. Ese día los trabajadores despedidos se auto
convocaron en la Alameda y conformaron la Cooperativa de Trabajo
LACAR, la cual se inscribió inmediatamente en el INAES (Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social).
Por la actitud
del juez de no cumplir con la ley y subastar la fuente de trabajo
de 250 obreros, se decidió la recusación del juez
y la revocatoria de sus medidas; en tal sentido se decidió
una marcha al Juzgado Comercial Nº 17, ubicado en Marcelo T.
de Alvear 1840 en esta Ciudad de Buenos Aires, el pasado 11 de octubre
en horas de la mañana donde ocuparon las oficinas para presionar
al juez Federico Gerri. Tras la movilización de la infantería
y la promesa de ser recibidos por la Jueza María Lilia Gómez
Alonso de Pérez Cordero, aceptaron desalojar el edificio
y esperar en la vereda.
Además se supo que hay un pedido de destitución del
Juez que fue realizado ante el Consejo de la Magistratura y ¨reservándonos
el derecho de la apelación en subsidio ante todas las instancias
que sean necesarias para hacer valer el cumplimiento de la ley¨.
LEY DE
QUIEBRAS
En la nueva Ley
de Quiebras, afirman desde la Alameda, la cual fue conquistada luego
de una larga y dura lucha del Movimiento de Fábricas Recuperadas,
el juez debió dar prioridad a los trabajadores para que adquieran
la compañía en quiebra con sus créditos laborales,
los que serán calculados conforme a la indemnización
completa que se establece en la Ley de Contrato de Trabajo.
En tal sentido,
el juez Gerri debió enviar a realizar una liquidación
de los créditos que tuvieren los empleados integrantes de
ella en contra de la fallida, con privilegio especial y general.
Lo que comenzó el pasado 19 de septiembre pasado con un vaciamiento
fraudulento que dejó a 250 trabajadores en la calle. Esta
situación llevó a los trabajadores a resistir la determinación
de los vaciamientos, sólo se trataba que el Juez y el Síndico
se a lo que dicta la ley, rematan los dirigentes de la Alameda.
Por otro lado,
y contrariamente a lo que establece la ley, el juez actuante sorteó
al martillero, le dio la espalda a los trabajadores y ordenó
la subasta de todos los bienes de la empresa sin base. Por esta
razón, esa maniobra favorece a los amigos del dueño
de la empresa José Tarica que con esta maniobra: ¨volverían
a apropiarse de los bienes por chirolas, sacándose a 250
trabajadores de encima¨, vuelven a afirmar los dirigentes de
la Alameda.
De tal forma,
los trabajadores de LACAR fueron testigos de las inútiles
audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde la patronal no concurrió
y ¨la funcionaria del ministerio se negaba a inspeccionarla
e irlos a buscar; de cómo sus dirigentes sindicales en lugar
de defenderlos, les sugerían que fueran a implorarle a la
patronal que les pagaran al menos el 50 % de sus indemnizaciones;
de un síndico que se escondía y no quería recibirlos
y ahora de un Juez que no cumple la ley y quiere subastar todo por
dos pesos entre los amigos del patrón de LACAR¨.
FUENTES: La Alameda,
La Nación y fuentes propias.
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